La nueva normativa que prohíbe que los vehículos circulen a más de  110 kilómetros por hora en autovías y autopistas es ya una realidad.  Ayer entró en vigor la medida, sin que por ello la crispación  disminuyera. Son numerosas las voces que se han alzado estos días en  contra de la decisión del Consejo de Ministros, poniendo en duda que el  ahorro energético haya sido la verdadera limitación.                       
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal,  aseguró ayer que "el afán recaudatorio" del Gobierno está "en la mente  de muchos españoles" con la entrada en vigor de la medida. Por su parte,  el conseller de Interior de la Generalitat, Felip Puig, afirmó que  "España es diferente, otra vez", al limitar la velocidad a 110 km/h para  ahorrar combustible cuando en otros países europeos, como Holanda, se  ha optado por aumentarla a 130. También el secretario general de la  Unión de Guardias Civiles (UGC), Manuel Mato Vázquez, se sumó a las  críticas, señalando que la medida es una "tomadura de pelo", que  pretende aumentar la recaudación de las multas. "Se trata de recaudar, y  punto", subrayó.
Los 117 radares de la red viaria dependiente del Estado que se  han visto afectados por el nuevo límite de velocidad están ya activados  desde las seis de la mañana de ayer, según fuentes oficiales. Los  trabajadores de los centros de gestión de la Dirección General de  Tráfico ajustaron desde sus ordenadores la velocidad permitida.
No todo fueron críticas. El presidente de la Asociación  Estatal de Víctimas de Accidentes, Francisco Canes, se mostró  "sorprendido" ante las "reacciones tan viscerales" que ha desatado la  limitación y añadió que, desde el punto de vista de la seguridad vial,  "las ventajas superan con diferencia a los inconvenientes". Según  subrayó, guste o no, "lo cierto es que a nadie perjudica", ya que reduce  el gasto energético y tiene efectos beneficios en la accidentalidad. 
También el ministro de Industria defendió la medida. Lo hizo  en declaraciones a Telecinco que las agencias recogieron. Miguel  Sebastián señaló que prefiere que los españoles vayan "más despacio" a  que paguen más por la gasolina. "Es verdad que cada medida por separado  es pequeña, pero cuando se juntan, es una gran medida. Hablamos de una  reducción del petróleo del 5%".
Entre los críticos, la organización DVuelta y la plataforma  ciudadana Movimiento 140 presentaron ayer ante el Tribunal Supremo, un  recurso contencioso administrativo contra el Decreto que establece el  límite de velocidad.
En una nota, ambas organizaciones explicaron que con el  recurso "se pide que se suspenda de manera urgente la vigencia de la  norma", al tiempo que asegura que "el Tribunal Supremo se tendrá que  pronunciar con carácter de urgencia sobre la suspensión de la aplicación  del nuevo límite".
manifestación La plataforma ciudadana Movimiento 140 ha convocado, además, una manifestación para el próximo domingo, en Madrid, bajo el lema 
No a los 110, contra la represión a los conductores.  En el comunicado explicaron que el Decreto modifica el Reglamento  General de Circulación, y el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,  Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Según señalaron las  dos entidades, el Real Decreto aprobado el viernes por el Consejo de  Ministros es contrario a la Ley de Tráfico "por cuanto fija con carácter  general un límite de velocidad sin atender a los únicos criterios que  el Gobierno puede tener en cuenta a tenor de la citada norma: la  seguridad vial, como obliga la Ley de Seguridad Vial". Según  argumentaron, "el ahorro energético no puede constituir la causa de  reducción de los límites de velocidad a tenor de la Ley de Seguridad  Vial, puesto que tal particularidad no aparece recogida en ninguno de  los artículos que contienen". Por ello, DVuelta aconsejó ayer recurrir  todas las sanciones impuestas por sobrepasar el límite de 110 por hora,  puesto que esta norma "no encuentra acomodo en la ley, por lo que todas  las multas deberán ser anuladas por los tribunales en caso de que se  aprecie dicha ilegalidad".

 Por otra  parte, según se conoció ayer, los fiscales delegados de Seguridad Vial  fijarán en una reunión a principios de abril. Una postura común sobre si  la limitación de 110 kilómetros en autovía y autopista debe afectar a  la aplicación del Código Penal, de manera que en lugar de considerarse  delito superar los 201 km/h en estas vías, como hasta ahora, se  considere delito el exceder los 191 kilómetros por hora, cuestión que no  está clara. Fuentes de la Fiscalía, según Europa Press, afirmaron que  "en principio es discutible" que vaya a ser delito conducir a partir de  191 kilómetros por hora, ya que "los delitos contra la seguridad vial  tienen que afectar a la seguridad vial".